Diego Bautista Páez*
Samir Flores fue asesinado en la puerta de su casa de dos balazos en la cabeza la madrugada del 20 de febrero de 2019. El campesino, locutor de “Radio Comunitaria Amiltzinko” (100.7 FM) y activista contra el Proyecto Integral Morelos (PIM[1]), fue ultimado tres días antes de que el gobierno federal hiciera una consulta a la población de Puebla, Tlaxcala y Morelos sobre la puesta en marcha de un gasoducto, acueducto y termoeléctrica que –de concretarse– atravesará varios pueblos de una región sísmica.
José Lucio Bartolo Faustino, Modesto Verales Sebastián, Bartolo Hilario Morales e Isaías Xanteco Ahuejote, miembros del Consejo Indígena Popular de Guerrero -Emiliano Zapata (CIPOG-EZ), fueron ajusticiados en la montaña baja de Guerrero por dos ataques de comandos armados en mayo. La CIPOG-EZ es una de las organizaciones impulsoras de las policías comunitarias que gestionan de forma autónoma la seguridad de la región; la zona es clave para el trasiego de amapola hacia California, Estados Unidos.
El 11 de junio fue asesinado José Luis Álvarez Flores, ambientalista dedicado a la defensa del santuario del mono saraguato (Alouatta tigra), en el ejido de Calatrava, municipio de Palenque, en la frontera entre los estados de Tabasco y Chiapas. Según diversos medios de comunicación, al lado de su cuerpo se localizaron amenazas contra su familia y ecologistas de la Unidad de Manejo Ambiental (UMA) de Chablé, quienes resguardan la reserva donde vive un centenar de estos mamíferos aulladores junto a una gran diversidad de especies como garzas e iguanas. Álvarez Flores denunció en semanas previas a su asesinato, la extracción ilegal de arena y calera de piedra del río Usumacinta[2].
El asesinato de líderes comunitarios y defensores del territorio en México es una constante. Según un estudio de la periodista Laura Castellanos, desde 2009 y hasta 2019, se contabilizan 125 crímenes –incluidas 17 desapariciones– contra líderes comunitarios, defensores del territorio y ecologistas en el país[3]. El homicidio por conflictos socioambientales lejos de segar con la alternancia presidencial, suma nuevos casos mes con mes. Andrés Manuel López Obrador (AMLO), actual presidente de México, no ha pronunciado aún el nombre de ninguno de estos mexicanos asesinados por defender el territorio y a la naturaleza.
Aunque los proyectos contra los que se oponen a las luchas socioambientales son diversos (presas, minería convencional o por fracking, hidroeléctricas, subestaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), aeropuertos, basureros a cielo abierto), los y las activistas que las integran tienen más de una semejanza. Su origen en primer lugar. Las cifras de Global Witness, organización que contabiliza anualmente los homicidios de ecologistas en el mundo, documentó el asesinato de 82 activistas indígenas en la última década, esto es 2 de cada 3 asesinatos de este tipo. El Consejo Nacional Indígena (CNI) –organización a la cual tanto Samir Flores como los 4 miembros de la CIPOG-EZ pertenecían– registra otros ataques en fechas recientes en Comala, Zachila (Oaxaca) y un desalojo a la comunidad triqui en la Ciudad de México. Samir era de origen nahua mientras la CIPOG-EZ en Guerrero conjunta al pueblo masabi, mixteco, tlapaneco, nañu y, recientemente, al afromexicano.
El enriquecimiento de empresas trasnacionales a partir de la extracción y explotación de recursos naturales en sus territorios también les está emparentado. Esta forma de explotación de la naturaleza en México involucra una compleja red en la cual se incrustan el crimen organizado; empresas de primera transformación productiva y transporte como las mineras, agroalimentarias, termoeléctricas o comercializadoras de agua; junto a autoridades de los distintos niveles de gobierno. Las comunidades y activistas que se organizan para detener estos megaproyectos atentan contra negocios de millones de dólares sin que, muchas veces, estas ganancias se reinviertan en el país.
El tercer punto en común de las y los activistas asesinados es que intentaron romper el silencio respecto a los impactos sociales y ambientales que tiene la implementación y operación de estos proyectos. José Lucio y Modesto Verales echaban a andar nuevas radios comunitarias en la montaña de Guerrero, así como lo hizo Samir Flores en Amilcingo, cuando fueron masacrados. Mientras, José Luis Álvarez Flores evidenció la explotación ilegal del Usumacinta. Sus denuncias fueron amplificadas gracias a que los y las activistas socioambientales estaban organizados tanto en la UMA, la CIPOG o en la Asamblea Permanente de los Pueblos de Morelos que se opone al PIM, plataformas todas estas que les permitieron ampliar su mensaje contra la devastación ambiental, frente al silencio de buena parte de la opinión pública y las autoridades mexicanas.
Si el gobierno federal encabezado por López Obrador quiere diferenciarse de sus antecesores deberá esclarecer, brindar justicia y detener el ataque contra los defensores y las defensoras del territorio y la biodiversidad. En especial, si busca que las consultas que promueve estén apegadas al derecho internacional, ya que, el multirreferido Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo en su artículo 26, tercer inciso [insertar hipervínculo: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—americas/—ro-lima/documents/publication/wcms_345065.pdf], especifica: “Los Estados asegurarán el reconocimiento y protección jurídicos de esas tierras, territorios y recursos. Dicho reconocimiento respetará debidamente las costumbres, las tradiciones y los sistemas de tenencia de la tierra de los pueblos indígenas de que se trate”.
La falta de esclarecimiento de los hechos contra Samir Flores, la CIPOG y José Luis Flores no sólo contravienen los tratados internacionales que México ratificó en materia de derechos indígenas, también contrastan con algunos compromisos de campaña electoral como cancelar el PIM y dignificar la vida de los pueblos indígenas, como se mencionó en la parafernalia toma del “bastón de mando” el 1º de diciembre de 2018.
La persistencia de la violencia para imponer estas inversiones de capital pone en entredicho el modelo de desarrollo planteado en el proyecto económico sexenal, cimentado en la extracción intensiva, industrialización y apertura al turismo masivo del sureste del país, donde se localizan el mayor cúmulo de resistencias comunitarias y reservas ambientales[4]. Este plan sexenal tiene como principal proyecto la construcción y puesta en marcha, antes de que termine el sexenio, de una refinería petrolera en Dos Bocas, Tabasco. Gran cantidad del presupuesto federal es dedicado a este proyecto en demérito de otras áreas.
Las consecuencias del cambio climático se experimentan a nivel mundial con tremenda velocidad y pronósticos reservados. Al mismo tiempo, sus consecuencias generan nuevas tensiones y debates sobre los modelos de “desarrollo sustentable” y las formas de gestión y propiedad de los bienes indispensables para la vida. También se redefinen las consecuencias ambientales y sociales de la continuidad de la economía extractivista en vastas regiones como América Latina. La creciente conciencia ecológica tendría que fijar el esclarecimiento de los asesinatos de activistas socioambientales en su agenda. No sólo ante la necesidad de justicia sino por la importante labor de resguardo que cumplen las comunidades y ecologistas para el cuidado de los territorios que nos aportan las condiciones indispensables para la vida humana (el 65 de los 125 crímenes tienen que ver con la defensa del agua y 74 con la defensa forestal)[5].
En el centenario del asesinato de Emiliano Zapata, la tenencia y explotación del territorio continúa como un problema de primer orden y sus herederos y herederas siguen siendo víctimas de asesinatos.
[1] Este megaproyecto incluye líneas de gas natural, vías de comunicación y dos termoeléctricas de ciclo combinado que se localizan en el centro de México, abarcando los estados de Puebla, Tlaxcala y Morelos. Su primera fase inició en 1998 como una línea de 5 km para conectar dos gasoductos y articular otros de menor alcance. En 2005, después de fracasar como proyecto privado y bajo el impulso de la renovación energética firmada por el gobierno mexicano en el protocolo de Kioto, éste se transformó en PIM convirtiéndose en una iniciativa federal prioritaria. Las empresas constructoras del PIM son las españolas Elecnor SA y Enagás, en alianza con la italiana Bonatti. Para mayor información sobre el proyecto, ver Coyoctecatl Contréras, Jessica, “Los espacios de transportación en la economía extractivista. El caso del gasoducto Morelos en el centro de México”, Ecología Política No. 51, (Junio 2016), pp. 108-112.
[2] Cuyo nombre se traduce del náhuatl como «lugar de monitos», es un río que se forma en la Sierra Madre, específicamente en Totonicapán, Guatemala y desemboca en el golfo de México. Su longitud es de 1123 km, es el más caudaloso de México y Centroamérica, también es el río más largo de Centroamérica con una descarga de aproximadamente 5250 m³/seg.
[3] Para mi sorpresa la nota original de este artículo aparecida en México.com ha sido dada de baja, por lo cual refiero a algunos reportajes sobre el estudio: “108 defensores de bosques y selvas asesinados en México en la última década (Reportaje)” en https://aristeguinoticias.com/1411/mexico/108-defensores-de-bosques-y-selvas-asesinados-en-mexico-en-la-ultima-decada-reportaje/ (consultado por última vez 15/11/19).
[4] En México existen 182 reservas naturales federales, divididas en los siguientes rubros: Reservas de la biosfera (45); Parques Nacionales (66); Monumentos Naturales (5); Áreas Naturales de Protección de Recursos Naturales (8); Áreas de Protección de Flora y Fauna (18); Santuarios (18), además de reservas estatales (22), comunitarias (más de 150) y privadas (sin cifra). Según datos oficiales del gobierno de México: “Áreas protegidas en México” en https://www.biodiversidad.gob.mx/region/areasprot/enmexico.html (última consulta 15/11/19)
[5] Castellanos, Op. cit. La periodista publicó recientemente Crónica de un país embozado, 1994-2018 (ERA, 2018), estudio sobre las violencias en la historia reciente de México.
*Historiador por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y maestro en Estudios sociales con especialidad en Estudios laborales, por la Universidad Autónoma Metropolitana-unidad Iztapalapa. Actualmente realiza una investigación doctoral en el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora. También forma parte del comité editorial de Revista Común, donde publica la columna mensual La Casa del Pueblo en la que originalmente apareció una versión preliminar de este texto (https://www.revistacomun.com/blog/forjando-patria-el-asesinato-de-activistas-socioambientales-1).
