El norte de la Argentina y la lucha campesino indígena por la tierra

Entrevista a miembros del Movimiento Campesino de Santiago del Estero -Vía Campesina (MOCASE-VC)
por Luciana Camuz Ligios

El MOCASE-VC, primer Movimiento campesino indígena de la Argentina, constituye una iniciativa de organización de base agraria con más de 24 años de trabajo colectivo en defensa de las tierras y los territorios, agrupando más de 15 mil familias rurales y desarrollando proyectos productivos, educativos, radios comunitarias y la apuesta por otro modelo agrario.

La sección Milpa de la revista ReveLA entrevistó vía internet, el pasado mes de noviembre, a los integrantes del área de comunicación y formación del MOCASE-VC, movimiento que lucha por la tenencia comunitaria de la tierra resistiendo en los territorios por los derechos humanos de las comunidades campesinas-indígenas de Santiago del Estero (1), provincia del noroeste argentino con una alta ruralidad. La lucha incluye también la construcción de un modelo productivo basado en la soberanía alimentaria, contrapuesto con el actual modelo de los agronegocios. En ese extenso territorio, el movimiento agrupa a familias campesinas e indígenas, quienes viven mayormente de una economía agraria de subsistencia basada en la cría de ganado caprino y vacuno, en el cultivo -sobre todo de maíz y de zapallo- y en la producción de poste y carbón para la venta. Los excedentes que producen las cooperativas pasan a ser comercializados en la zona: carbón, poste, dulces, mieles, escabeches, etc.
El MOCASE-VC forma parte a nivel nacional del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI), a nivel latinoamericano de la Confederación Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC), y a nivel mundial de la Vía Campesina.

ReveLA: ¿En qué situación política, económica y social se encontraba la provincia de Santiago del Estero al momento de la fundación del movimiento?
MOCASE-VC: Entre finales del siglo XIX y 1960, se produjo una gran explotación forestal en los bosques del chaco santiagueño, los cuales fueron abandonados por La Forestal(2) debido a factores como la poca demanda de tanino desde Europa y de durmientes para la vías del tren. A pesar de que gran cantidad de gente fue expulsada a las ciudades, muchos hacheros no migraron, y decidieron quedarse en la tierra que habían venido trabajando toda su vida y durante generaciones. Fueron convirtiéndose en criadores de animales en la vera de los ríos. Al mismo tiempo desde el año 1948, la provincia atravesó un período de gobernanza feudal al mando del caudillo Carlos Juárez, quien junto a su esposa, tuvo el poder real de la provincia por más de 50 años.
En este proceso político-histórico se fue generando un sistema de tenencia y distribución de la tierra que se convirtió en uno de los obstáculos principales para el desarrollo. Aunque la legislación argentina reconoce el derecho de los campesinos a la propiedad de la tierra donde han ejercido una posesión pacífica y continua por más de veinte años, a mediados de 1970 y 1980 se produjeron desalojos silenciosos mediante la expulsión de miles de familias que habían vivido por generaciones en las tierras que ahora tenían nuevos “dueños” de capitales porteños (provincia de Buenos Aires) y santafesinos (provincia de Santa Fe). Asimismo durante la década de los 80 la presión por la tierra se agudizó a causa de los buenos precios del algodón y el desarrollo de variedades de soja apropiadas para las duras condiciones ambientales del chaco santiagueño.
A raíz de estos conflictos entre campesinos y grandes inversionistas y terratenientes surge el 4 de agosto de 1990 en la localidad de Quimilí, Santiago del Estero el movimiento campesino para expresar la necesidad de crear una herramienta colectiva de lucha por la tierra.

R: ¿Cómo está organizado el MOCASE-VC?
M-VC: El movimiento trabaja en forma asamblearia y está organizado en 12 centrales ubicadas en distintos puntos del territorio provincial. Alrededor de cada central se articulan las comunidades de base, siendo las diferentes áreas de trabajo sobre las que éstas se estructuran son: Juventud, Comunicación y Formación, Producción y Comercialización, Tierra, Ambiente y DDHH (derechos humanos), y Salud.
Las asambleas, entendidas como una puesta en práctica de educación popular, se desarrollan cada tres meses en diversos puntos del territorio provincial, con el fin de fortalecer la participación de las bases locales, difundir y distribuir tareas, así como articular las acciones a nivel nacional junto con otras organizaciones campesinas indígenas y barriales, que fue decantando en la consolidación del MNCI (Movimiento Nacional Campesino Indígena).
Es importante la participación y multiplicación, romper la timidez, el paternalismo, el asistencialismo y en cambio proponer con el protagonismo de todos y de todas, sin patrón, sin jefes, sino sujetos políticos y sociales que somos, valorando y practicando la colectividad de las tareas distribuidas entre las diferentes áreas de trabajo.

R: ¿Cómo describirían la situación de tenencia de tierras para las familias campesinas e indígenas en el país y en especial en la provincia?
M-VC: Actualmente, estudios oficiales hablan de más de 60 mil familias en conflicto por las tierras en el país, sobre unos 9 millones de hectáreas. Se está dando una contrareforma agraria o una reforma agraria capitalista que favorece a la concentración y extranjerización de las tierras arables y ricas en aguas dulces y minerales.
Si bien hay algunas leyes nacionales aprobadas, en algunas provincias no se han adherido como es el caso de la Ley 26160 sancionada en 2006, que permite el relevamiento del territorio actual y ancestral de los pueblos originarios. A nivel nacional existe un muy bajo nivel de ejecución, pero en el caso de Santiago del Estero se ha podido avanzar en el relevamiento de un amplio territorio gracias al esfuerzo de los pueblos originarios.
En la provincia hay un avance de la frontera agropecuaria hacia el norte, donde aún existe una gran cantidad de familias que conviven y viven en territorios abiertos, caso contrario las zonas del sur provincial, que han sido obligadas a disminuir sus territorios por causa de los alambrados de los empresarios del agronegocio y es en esta zona donde hoy se viven serios problemas de salud a causa de las fumigaciones con agrotóxicos, incluso prohibidos legalmente, como es el caso del herbicida 2,4D. Algunas poblaciones están amenazadas por denunciar los casos de malformación, cáncer, abortos espontáneos, problemas respiratorios, pérdida de cultivos y semillas criollas.

R: ¿Cuáles son los métodos utilizados por los usurpadores para acaparar las tierras?
M-VC: Existe la complicidad del sistema judicial en todos sus niveles en la dinámica de despojo a los campesinos. La corrupción, el pago de coimas a los empleados del Registro de la Propiedad, a los jueces corruptos. Los cuerpos policiales, auxiliares de justicia, trabajan en muchos casos como custodios directos de los grandes empresarios, amenazando a las comunidades con falsas órdenes judiciales, desmontando sin ningún tipo de autorización.
Las modalidades utilizadas con más frecuencia para desalojarnos de los territorios son la de esgrimir la propiedad de la tierra para producir el desalojo por la vía judicial, de palabra o por la fuerza. Los empresarios son conscientes de la permeabilidad de la justicia y ordenan el desalojo de las familias a través del uso de la fuerza pública a su disposición. Al ser desalojadas las familias por una orden judicial penal o por la presencia de grupos parapoliciales que presionan a las comunidades hasta lograr su expulsión, muchas de ellas se quedan en el desamparo total. Otra modalidad procede con la instauración de un administrador del predio para controlar la producción campesina (especialmente la extracción forestal del monte). También la intención de actuar directa y rápidamente en la producción agropecuaria, procura un “arreglo” por parte de los empresarios agroganaderos con los poseedores de una parcela dentro del lote en la que la familia desarrolla su producción “autónoma”, aunque insuficiente.

R: ¿La situación legal de los pueblos indígenas es más frágil e insegura que la de los pequeños campesinos? ¿Existen leyes que reconocen a las tierras comunitarias como tales?
M-VC: Constitucionalmente los pueblos originarios, desde la reforma en 1994, son reconocidos como preexistentes al estado argentino. Asimismo la Argentina está adherida al Convenio 169 de la OIT(3), existen leyes específicas para los pueblos originarios, para sus territorios, para la educación, para la salud; y además está el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) que depende del Ministerio de Desarrollo Social de la nación.
Si bien hay más amparo legal, la situación es similar a la población rural y en algunas provincias del país bastante graves por la discriminación, el atropello, represión contra las comunidades que se organizan por sus territorios en peligro del capital agroganadero. En el territorio santiagueño estamos hablando de alrededor de 15 mil familias autoreconocidas y otras tantas en proceso de autoreconocimiento, pertenecientes a los pueblos originarios Guaycurú, Vilela, Lule Vilela, Sanavirón, los cuales estamos en el MOCASE-VC; y los pueblos Tonocotés y Diaguita Cacánes que no están en el movimiento. Aún falta que el estado reconozca y revalorice a los pueblos originarios. Exigimos pasar de ser un asunto, a ser sujetos que conjuntamente construyamos políticas públicas que incluyan nuestras realidades y nuestras cosmovisiones de la vida humana y de la hermana y madre Tierra.

Con respecto a los territorios, normalmente en los estatutos o reglamentos internos de los pueblos originarios está pautado que son territorios colectivos, invendibles, intransferibles, y esto está asentado en el INAI. Después del fracasado intento de colocar la función social de la tierra en el Código Civil Nacional, se está elaborando una ley para que se reconozca la propiedad comunitaria, insistiendo en que no sea particularizada a las comunidades de pueblos originarios únicamente, sino que se reconozca propiedad comunitaria para cualquier tipo de asociación, colectividades respetando algunas pautas básicas.

R: ¿Cuáles son las posibilidades que tienen el MOCASE-VC y las personas organizadas en comunidades campesinas e indígenas para poder hacer valer sus derechos de tenencia de tierra ante la falta de documentación que demuestra propiedad?
M-VC: Existe para las familias que viven más de 20 años en una tierra de forma pública pacífica y haciendo mejoras la posibilidad de hacer un juicio de prescripción veinteañal (“Ley veinteañal”), pero la falta de recursos económicos y legales ha impedido que muchas familias puedan acceder a los trámites de inscripción y titulación del inmueble. Este problema ha sido aprovechado por algunos empresarios para promover las denuncias penales de usurpación, por medio de las cuales la policía procede a la detención de los acusados sin previa notificación del juez. Las detenciones entonces se lleven a cabo por búsqueda y captura que generalmente va acompañada de violencia y represión.
Como organización no promovemos este derecho, puesto que las familias vivimos colectivamente en territorios compartidos. No tenemos individualmente nuestras parcelas y este derecho promueve la individualidad privada que no es nuestra forma de vida. Por esto insistimos en el reconocimiento de esta forma de vida colectiva que llevan millones de familias en la Argentina.

R: ¿Ha aumentado la presión por el acaparamiento / usurpación de las tierras en los últimos 10 años?
M-VC: En nuestro país actualmente se impone un modelo de producción agroexportadora que genera la concentración de la tierra en pocas manos, la concentración de la riqueza y más pobreza. El 82 % de los productores (familias campesinas y trabajadores rurales) ocupan sólo el 13 % de la tierra del país, mientras que el 4 % de las denominadas “explotaciones agropecuarias” son propietarias del 65 % total de la tierra productiva. Esta situación genera que cada vez, empresas más grandes se apropien de más tierra, que más familias campesinas pierdan su tierra, que más empresas se apropien del agua. También ocasiona la producción de millones de hectáreas de cereales y hacienda que son exportados y una escasez de alimentos sanos para la población local y contaminación ambiental. Asimismo propagan un sistema de trabajo que no reconoce ni garantiza los derechos básicos de los trabajadores rurales, no respeta la forma de producción de las familias campesinas, nuestra cultura campesina indígena y nuestros derechos.
Frente a esta situación las familias campesinas empezamos a organizarnos y derivó en que el pasado 31 de octubre la CLOC- Vía Campesina, junto al CELS(Centro de Estudios Legales y Sociales) y FIAN Internacional denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) las presiones y abusos de las corporaciones que buscan privatizar las semillas y criminalizar a los campesinos que no se sometan al uso de sus semillas patentadas y transgénicas. En el informe se describió cómo a partir del Lobby de las corporaciones de la UPOV (Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales) se han impulsado leyes y debates parlamentarios en todos los países de América Latina y el Caribe.

R: ¿Los medios de prensa provinciales más difundidos (canales de TV/periódicos/radios) permiten dar a conocer el trabajo y la situación precaria de los campesinos e indígenas?
M-VC: El cerco mediático es fuerte, hay una concentración de medios de comunicación privados que no dan a conocer la realidad de la ruralidad e incluso en los públicos es poco el espacio que se tiene para difundir. El movimiento a nivel provincial, a través de los medios de la burguesía fue colocado en la opinión pública como el „demonio de la paz social“, como usurpadores, violentos, generando una imagen negativa de la lucha por los derechos a la tierra llevada adelante por las familias que por generaciones han vivido en sus tierras.
Después de muchos años de trabajo para construir nuestros propios medios de comunicación y así difundir nuestras luchas, nuestras propuestas y abrir un espacio comunicativo, alternativo campesino indígena popular, contamos en la actualidad con una red de seis frecuencias de radio en el territorio provincial. En el 2003 se comienza a transmitir la FM del Monte 88.7 desde la localidad de Quimilí, convirtiéndose asimismo en la primera radio campesina bilingüe (quichua-castellano) del país. Las radios son gestionadas por comunidades de los pueblos originarios Lule Vilela, Sanavirón y Vilela. La sexta emisora fue puesta al aire en 2013 al cumplirse el segundo aniversario del asesinato del compañero Cristian Ferreyra (*).

R: ¿Cuáles son los aportes del MOCASE-VC a la educación en los territorios?
M-VC: Ante el problema de la escolarización formal en las comunidades campesino indígenas, sobre todo para la continuidad en la secundaria y mucho más la terciaria iniciamos con la carrera de Maestros Campesinos y al tiempo empezamos la materialización de la Escuela de Agroecología. Este espacio de formación orientado para la juventud del campo y de los barrios, es un sistema de alternancia por 3 años, basado en la educación popular. La Escuela de Agroecología sería la base para continuar especializándose en la UNICAM (Universidad Campesina) en las carreras de promotor territorial, de salud, música latinoamericana, comunicación popular y agroecología. Cabe destacar que la UNICAM cuenta con el aval de las Universidades Nacionales de La Plata, Quilmes, Córdoba y Río Cuarto.

R: ¿Existen programas de desarrollo que se implementan en la zona y en los cuáles pueden participar?
M-VC: Existe una incapacidad técnica y estructural dentro de la provincia para encaminar mínimas soluciones a conflictos territoriales que se dan en algunos casos sobre tierras fiscales. Y nos preguntamos: ¿Por qué nos tienen que pensar como objetos de asistencias sociales, si somos parte activa de las economías locales populares y regionales?

De todas formas, el encaminamiento de fortalecer la producción comunitaria ha sido posible por el compromiso de las comunidades y la comercialización; por eso se fortalecieron y sumaron microagroindustrias colectivas: Fábricas de dulces regionales y de queso de leche de cabra, apicultura, caprino, porcino, vacuno, etc. Estas tienen su propia organización interna y distribución de los ingresos que se obtienen: trabajo de las y los compas (compañeros), materias primas, insumos, fondo propio y un porcentaje para el fondo común general del movimiento. A este fondo común se suman los aportes mensuales de cada familia, de porcentajes de otros microagroindustrias colectivas, de proyectos colectivos, de rifas, campeonatos, ventas de comidas y producción, etc.

(*)El asesinato de Cristian Ferreyra
Por la muerte violenta del campesino Cristian Ferreyra en el año 2011 en la localidad santiagueña de San Antonio, son juzgados desde el 4 de noviembre pasado un empresario rural y seis hombres acusados de integrar un grupo armado.
El MOCASE-VC nos cuenta que Cristian pertenecía a la comunidad Ashca Cayku del pueblo originario Lule Vilela, un joven de 22 años, padre y compañero. Él fue el puntal de su familia después de la muerte de su padre y prácticamente desde sus 7 años salió a trabajar en el monte junto a sus hermanas mayores. Cristian empezó a militar en la organización a partir de los problemas de tierra de la comunidad con varios empresarios y su muerte ocurre porque junto a otros compañeros de las comunidades defendían el derecho a la tierra y al territorio que por generaciones habitaron sus mayores. Estas comunidades trabajan en el monte, crían animales, hacen artesanías con el cuero, la madera y conservación de frutos del monte.
Con relación al desarrollo del juicio oral, el MOCASE destaca: “Para nosotros es histórico llegar a esta instancia, normalmente somos nosotros detenidos, acusados, privados de libertad injustamente. También es histórico por el hecho que se juzga: el sistema de los agronegocios que impunemente viene avanzando, destruyendo los montes, la agrobiodiversidad que las miles de familias de comunidades campesinas indígenas hemos mantenido, conservado y mejorado para un buen vivir.”
Las expectativas del MOCASE-VC ante el presente juicio eran: “Queremos que se haga justicia por Cristian y por tantos asesinados, por defender sus tierras y territorios de vida, que los representantes de los poderes del Estado miren y tomen las propuestas diversas de los sectores campesinos indígenas para encaminar a soluciones concretas sobre los conflictos por las tierras, por la soberanía de nuestros pueblos a su alimentación, a su forma de vida diversa, por un campo con campesinos, una reforma agraria integral y popular”.
El desenlace de éste histórico proceso el pasado 9 de diciembre de 2014 condujo a un amplio repudio campesino debido a la única condena a 10 años de prisión del declarado autor material del crimen, y la absolución del empresario rural, sindicado por la querella como actor intelectual ,y de los restantes imputados en la causa.

Ni un muerto más por el derecho a la tierra
#CristianFerreyraPresente

Notas
1) Santiago del Estero: es la provincia con mayor proporción de población rural del país (33, 9%) y con mayor porcentaje de tenencia precaria de la tierra (55,16% del total de explotaciones agropecuarias). Situación que la posiciona en una de las zonas más propicias para la expansión de la frontera agropecuaria por la debilidad jurídica que presenta al no poseer títulos de propiedad, por más de que se trate de poblaciones allí establecidas por generaciones, y por la ruralidad que históricamente la ha caracterizado, lo cual facilitó el ingreso de capitales destinados a la inversión agrícola sin generar demasiadas alteraciones en su perfil productivo (aunque se trate de una marcada diferenciación en cuanto a los cultivos incorporados, al destino de la producción y a la tecnología utilizada).
http://www.revue-rita.com/notes-de-recherche6/ines-rosso.html
2) “La Forestal es el ejemplo más claro de la explotación capitalista de un lugar y su método egoísta que finalmente termina en ser la más absoluta depredación. Compra miles de hectáreas de quebrachales, construye las fábricas de tanino, exporta millones de toneladas y, cuando la riqueza natural se termina, se va llevándose hasta los bulones. Deja nada más que tierra arrasada, abandono, miseria, tristeza, decepción.” Osvaldo Bayer. Página 12, diciembre 2011.
http://www.pagina12.com.ar/2001/01-07/01-07-07/contrata.htm
3) El Convenio Número 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) sobre pueblos indígenas y tribales es un instrumento jurídico internacional de derechos humanos vinculante para los Estados que lo ratifican. Éste convenio reconoce el derecho de los pueblos indígenas a:
*la propiedad de sus tierras
* la igualdad y la libertad
*tomar decisiones sobre aquellos proyectos que les afecten.
El espíritu de la consulta y la participación constituye la piedra angular del convenio sobre la cual se basan todas sus disposiciones, exigiendo que los pueblos indígenas y tribales sean consultados en relación con los temas que los afectan. También exige que estos pueblos puedan participar de manera informada, previa y libre en los procesos de desarrollo y de formulación de políticas que los afectan. En Latinoamérica lo han ratificado: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Perú y Venezuela.
http://www.ilo.org/indigenous/Conventions/no169/lang–es/index.htm
http://www.survival.es/campanas/convenio169